Violencia sexual: crimen de guerra
Violencia sexual: crimen de guerra
La propuesta que los representantes a la Cámara Iván Cepeda y Ángela Robledo le hicieron al Congreso es apenas justa y necesaria: Modificar la ley para que aquellos miembros de grupos armados –ilegales y legales– que atacan sexualmente a las mujeres sean calificados como delincuentes atroces que no puedan ser beneficiados por la ley de justicia transicional.
El talante de esta reforma obligaría a que los militares que comentan estos crímenes no puedan ser juzgados por la justicia penal militar, sino por la justicia ordinaria. El fuero militar no les salvaría la cabeza, por decirlo de alguna manera.
Además, quedaría claro el tema de que la violencia sexual en el marco del conflicto armado es un crimen de guerra y de lesa humanidad, y que de acuerdo al derecho internacional, no prescribiría, y podría ser investigado en cualquier momento sin importar los años que hayan pasado desde los hechos.
Al entrevistar a algunos desmovilizados, acogidos a la ley de Justicia y Paz, llama la atención cómo niegan sistemáticamente conocer hechos en los que la violencia sexual contra las mujeres se haya usado en el marco del conflicto, al menos no por parte de paramilitares. Todos tienen una suerte de “inocentes” desinformados. Alias Geño, por ejemplo, asegura que apenas supo que esto ocurría cuando entró a la cárcel. Alias Gafitas, quien se reconoce como comandante militar y coordinador en la capital sucreña y sus alrededores durante el año 2003, dice: “Jamás bajo mi mando acepté que eso sucediera”
Quizá el más enfático es Alias Zambrano que asegura: “Los casos de género y otros casos de violaciones de derechos humanos no eran permitidos dentro de la organización de las Autodefensas, aquellos que cometían los casos de género eran castigados con la pena de muerte porque eso es una política de las Autodefensas, de ahí es que muchos comandantes no están aceptando los casos de género, porque era política no aceptar que cometieran abusos sexuales, abusos contra niños o violaciones de derechos humanos”
La reforma de la Ley tendrá que enfrentarse a estos discursos, casi blindajes que no tienen ninguna correspondencia con los informes de Memoria Histórica que adelantó la CNRR en el Caribe, sobre los hechos de El Salado y Bahía Portete, y con tantas narraciones de víctimas que sobrevivieron a los vejámenes sexuales y que sacaron valor para denunciarlos.
Es probable que más sean los silencios que las mismas víctimas han guardado, que apenas susurran hechos que les resultan vergonzosos y prefieren que queden borrados de la penosa historia colombiana.
Las violaciones sexuales en el marco del conflicto armado, cometidas por los paramilitares, por los guerrilleros, y por miembros de la Fuerza Pública, quizá no se alcancen a dimensionar. Pasarán muchos años antes de que los sufrimientos de los cuerpos de las campesinas colombianas sean tenidos en cuenta para narrarnos como país. La reforma de la Ley sería un inicio sensato para hacer justicia con aquello que posiblemente sea irreparable.
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Tomado de Periodico El Universal de Cartagena